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DENVER.- A principios de 2018, Taliyah Murphy recibió una carta sobre una demanda colectiva que se iba a presentar en nombre de mujeres transgénero como ella que estaban en cárceles de hombres en Colorado. Sintió esperanza.
Murphy y otras mujeres trans en el estado han enfrentado años de acoso sexual y, a menudo, violencia por parte del personal y de otras presas. Según la demanda, se les negó solicitudes para vivienda más seguras y tratamiento médico, incluyendo la cirugía para la disforia de género, la angustia psicológica que algunas personas trans experimentan debido a la incongruencia entre su sexo asignado al nacer y su identidad de género.
“Éramos objetos para victimizar, asalto sexual, extorsión, lo que fuera”, dijo Murphy, quien salió en libertad en 2020. Agregó que la mayor parte del tiempo “los guardias simplemente daban vuelta la cara”.
Un histórico acuerdo legal llamado decreto de consentimiento, que se espera se finalice a principios de marzo, establecería dos nuevas unidades de vivienda voluntaria para mujeres trans en prisión, convirtiendo a Colorado en el primer estado en ofrecer una unidad separada, según los abogados del caso.
Una ley estatal establece que estas unidades están prohibidas a menos que hay una orden de un juzgado. El plan delineado en el acuerdo, que recibió la aprobación preliminar el otoño pasado, obligaría al Departamento de Correcciones de Colorado a pagar un acuerdo de $2.15 millones a mujeres trans afectadas; actualizar sus protocolos, capacitar al personal; mejorar la atención médica y de salud mental, y requerir que el personal use nombres y pronombres correctos para las reclusas trans. También limitar que alguien de otro género registre a una presa.
Un juez estatal celebró una audiencia sobre el decreto de consentimiento el 4 de enero y se espera que lo finalice a principios de marzo, después de otorgar una extensión para permitir que más mujeres presas fueran notificadas del acuerdo. Aproximadamente 400 mujeres trans que están o estuvieron presas actualmente son elegibles como beneficiarias.
Las asignaciones de vivienda en las cárceles de Estados Unidos se hacen casi exclusivamente en función de la anatomía de una persona, a pesar de que una ley federal establece que las preocupaciones de seguridad para las personas trans deben tenerse en cuenta al determinar adónde se las asigna. Eso se debe a que tienen muchas más probabilidades que los reclusos que no son trans de sufrir agresión sexual o física durante su tiempo en prisión.
“Es como ponerles un blanco en la espalda”, dijo Paula Greisen, la abogada de derechos civiles que presentó la demanda colectiva en 2019 junto con el Centro Legal Transgénero con sede en California.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos encontró en 2014 que las personas trans en prisión tienen muchas más probabilidades de experimentar violencia sexual tras las rejas tanto del personal como de otros presos, con un 35% de los reclusos trans informando haber sido agredidos en los 12 meses anteriores a la encuesta.
Un estudio de 2007 sobre mujeres trans en cárceles de California encontró que el 59% informó haber sufrido agresión sexual durante su tiempo en la cárcel, una tasa 13 veces más alta que para otras reclusas.
El caso de Colorado ocurre en medio de un número creciente de demandas en todo el país que tienen como meta mejorar el acceso a la atención de afirmación de género y la seguridad para las personas trans en prisión. En un caso histórico de 1994, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la “indiferencia deliberada” de los oficiales de cárceles hacia las preocupaciones de seguridad de un preso viola la cláusula de “castigos crueles e inusuales” de la Octava Enmienda.
Desde entonces, las personas trans presas han ganado demandas contra administradores de prisiones en Washington, Georgia, Idaho y California.
Y mientras que un puñado de estados, incluido Colorado, han escrito normas sobre la atención médica y la cirugía de afirmación de género, las barreras para acceder a la atención son a menudo insuperables, un problema que el decreto de consentimiento espera abordar.
California fue el primer estado en establecer políticas sobre atención médica de afirmación de género en prisiones: proporciona esta cirugía desde 2017. En 2019, un panel de tres jueces dictaminó que el estado de Idaho estaba obligado a realizar una cirugía que los funcionarios habían negado previamente. Una persona presa en Colorado ha tenido su cirugía de afirmación de género, según un vocero del Departamento de Correcciones.
La Constitución exige que las cárceles y prisiones proporcionen el mismo estándar de atención al que las personas pueden acceder en la comunidad, dijo Matthew Murphy, profesor asistente de medicina y ciencias del comportamiento en la Universidad Brown y médico que supervisa la atención clínica de afirmación de género para el Departamento de Correcciones de Rhode Island. (Matthew y Taliyah no son parientes).
“Con Medicaid y seguros privados que cubren cada vez más la atención de afirmación de género”, dijo, “hay un precedente creciente”.
Hasta diciembre de 2023, había 148 mujeres trans en cárceles de Colorado, según un portavoz del Departamento de Correcciones, con nueve mujeres trans residiendo en instalaciones para mujeres. Antes de 2018, las mujeres trans estaban alojadas exclusivamente con hombres. La demanda colectiva se refiere solo a mujeres trans y no incluye a hombres trans, personas no binarias o personas intersexuales.
La demanda fue presentada después que una mujer trans joven que anteriormente había estado alojada con niñas en una instalación juvenil fuera trasladada a una prisión de hombres adultos, donde la violaron brutalmente. Se le habían negado numerosas solicitudes para alojarse con otras mujeres, citando preocupaciones de seguridad.
Después de asumir el caso de la mujer, Greisen encontró rápidamente muchas más mujeres trans que habían experimentado violencia similar. Se puso en contacto con la oficina del fiscal general de Colorado y la oficina del gobernador, pero no cambió mucho, lo que la llevó a presentar la demanda colectiva.
“El Departamento de Correcciones en cada estado, es como tratar de volver a hacer flotar el Titanic. Hay tanta burocracia”, dijo Greisen. “A menudo tienes que demandar para llamar su atención”.
La Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero, la principal entidad profesional que establece estándares para el tratamiento médico de personas con disforia de género, recomienda un “modelo de consentimiento informado” que permite a los pacientes buscar atención de afirmación de género, incluida la cirugía, sin tener que someterse a un extenso asesoramiento psicológico.
Pero el sistema penitenciario de Colorado, como muchos a lo largo del país, no adhiere a estos estándares. Las políticas actuales requieren que las mujeres trans reciban varias cartas de recomendación de proveedores médicos y de salud mental para ser consideradas para la cirugía relacionada con la transición. A menudo, las cárceles ofrecen atención de afirmación de género “en papel” pero carecen de proveedores calificados, lo que hace que la atención sea imposible de acceder, según Matthew Murphy.
Ese fue el caso de Taliyah Murphy, quien buscó una cirugía de afirmación de género dos veces durante su tiempo en la cárcel. Murphy fue presa en 2009, después de una condena como consecuencia de un altercado con su novio abusivo, según la demanda. Su condena fue reducida en 2013, dijo.
En 2019, finalmente recibió una recomendación para la cirugía para tratar su disforia de género de un psiquiatra del departamento de correcciones. Pero la demanda revela que el proceso se detuvo porque le dijeron que los otros proveedores médicos no tenían la formación necesaria para evaluarla. Recibió tratamiento quirúrgico en 2020, luego de ser liberada, contó.
Si no se trata, la disforia de género puede generar depresión, ansiedad, pensamientos de autolesión y tendencias suicidas, y todo esto afecta desproporcionadamente a las personas trans debido a la discriminación, el estigma y otros estresantes factores sociales que enfrentan.
“Estos problemas generalmente se resuelven, o al menos mejoran, mediante la atención clínica de la afirmación de género, ya sea médica o quirúrgica”, dijo Matthew Murphy. Y apuntó que los sistemas penitenciarios están retrasando la prestación de tratamiento, y una escasez nacional de proveedores y cirujanos de atención de afirmación de género agrava la situación. Es así como “las personas se ven obligadas a recurrir a los tribunales”, agregó.
El decreto de consentimiento creará dos nuevas opciones de vivienda voluntaria para mujeres trans en prisiones de Colorado para satisfacer mejor sus necesidades específicas y mejorar su seguridad.
Una unidad transgénero voluntaria de 100 camas, cuyo desarrollo ya está en marcha, se ubicará en los terrenos de la Instalación Correccional de Sterling para hombres. Aquellos con la aprobación para mudarse a la prisión de mujeres, pasarán algunos meses en la unidad de integración de 44 camas descripta en el decreto de consentimiento.
Ese tiempo de adaptación será crítico tanto para las mujeres cisgénero que ya están alojadas en la prisión de mujeres como para las mujeres trans que probablemente dejarán atrás situaciones traumáticas en las cárceles de hombres, dijo Shawn Meerkamper, abogado principal del Centro Legal Transgénero, quien trabajó en el caso.
“Hemos visto en otros lugares que cuando a las personas simplemente se las pone en un ambiente completamente nuevo, puede ser una situación en la que quedan librados a su suerte”, agregó Meerkamper.
Según el acuerdo, un comité — que incluiría expertos médicos y psiquiátricos capacitados en atención de afirmación de género, así como funcionarios de prisiones— decidiría sobre la elegibilidad para las unidades caso por caso. Pero independientemente de la ubicación, el departamento de correcciones de Colorado seguiría estando legalmente obligado a proporcionar a las mujeres trans acceso adecuado a atención médica y de salud mental.
“Las mujeres trans no deberían ser obligadas a ir a la unidad trans o a una prisión de mujeres si no es eso lo que quieren”, dijo Meerkamper. “Y no pueden ser castigadas o sufrir represalias por negarse a ir”.
En respuesta a la demanda, el Departamento de Correcciones ha contratado a un experto médico independiente de Denver Health y a un especialista en atención de afirmación de género, para ayudar a supervisar las solicitudes de asignaciones de vivienda y consultas quirúrgicas.
Taliyah Murphy espera que las nuevas unidades y el mejor acceso a la atención de afirmación de género permitan a las mujeres trans en cárceles concentrarse menos en la seguridad y la supervivencia y más en la rehabilitación y la planificación de sus vidas fuera de las paredes de la prisión.
“Queremos que salgan mejor de lo que entraron y reciban la atención que necesitan”, dijo Murphy, quien ahora es propietaria de un pequeño negocio en Colorado Springs y está estudiando para obtener su licenciatura en finanzas y contabilidad. “De eso se trata todo esto”.
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